Porque la ley chilena exige que si se está generando un gas combustible (biogás) que puede ser almacenado, distribuido y/o comercializado, la planta está obligada a registrarse por un organismo público, en este caso la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que vele por la seguridad de las personas y de las instalaciones, verificando la óptima operación de la planta, calidad de los productos y de los combustibles presentes.