Entre 1974 y 1998, la economía y la agricultura chilena recibieron el impacto de las reformas estructurales y de la apertura externa. En la primera etapa, hasta 1983, y dadas las condiciones políticas imperantes, las reformas y ajustes se aplican en Chile con todo rigor y sin obstáculos. Luego de la crisis, a partir de 1984, las políticas se tornan menos ortodoxas, el Estado acude al rescate del sistema financiero privado, las fluctuaciones del mercado internacional son atenuadas con el mecanismo de bandas de precios, poderes compradores, y valores aduaneros mínimos. Se fomentan las exportaciones no tradicionales y subsidian obras intraprediales de riego. Desde 1990, manteniendo los rasgos esenciales del modelo, se plantea la equidad como condición necesaria para el desarrollo. La política sectorial, postula el fortalecimiento de la ruralidad, reconociendo la heterogeneidad de los agentes productivos. La apertura es acentuada por la vía de acuerdos internacionales y continúan las medidas de estabilización de precios. La productividad se apoya intensificando el subsidio al riego y a la fertilización. La política hacia la pequeña agricultura, enuncia el propósito explícito de apoyar su inserción a los mercados, con instrumentos que propician la asociatividad.