El documento se refiere a la aplicación de la Ley 18.450, de "Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje", la que data del año 1985 y está a cargo de la Comisión Nacional de Riego, un organismo que depende del Ministerio de Agricultura y coordina la acción de todos los ministerios que están vinculados al sector riego. Esta Ley ha tenido como finalidad incrementar la superficie regada del país, provocar un mejoramiento del abastecimiento de agua en aquellas áreas regadas en forma deficitaria, incentivar un uso más eficiente de la aplicación del agua e incorporar nuevos suelos a la explotación agropecuaria. Esto último por la vía de eliminar el mal drenaje o facilitar la puesta en riego predial. Tras esas finalidades hay un objetivo trascendente: mejorar la producción y la productividad del sector agropecuario para que los productores eleven sus ingresos y para que los habitantes del área beneficiada mejoren su nivel y calidad de vida. El Estado, a través de esta Ley, manda un programa de obras menores de riego y drenaje que opera mediante un sistema de concursos públicos para que los agricultores puedan optar al subsidio estatal. El subsidio antes señalado, de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo de Marrakesh, corresponde a un apoyo y transferencia para morar la productividad de los factores agropecuarios, por lo que es clasificado en la "caja verde", vale decir, no es considerado discriminatorio ni atenta contra las normas del comercio internacional.