Durante los años 90, Chile implementó la extensión forestal para abordar el deterioro de los bosques nativos, en colaboración con la Cooperación Alemana y la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Este enfoque fomentó una relación más horizontal entre las instituciones y los pequeños propietarios, priorizando la participación y el conocimiento local. Se elaboraron planes de manejo, asistencia técnica y apoyo en la comercialización de productos, además de fortalecer organizaciones rurales. En 2008, comenzó la implementación de la Ley de Bosque Nativo, que incluye incentivos para la conservación, aunque con resultados limitados al inicio. En respuesta, la ONG Forestales por el Bosque Nativo diseñó un Programa Nacional de Extensión Forestal, basándose en investigaciones, experiencias y la colaboración con técnicos y campesinos. El proyecto promueve la gestión forestal participativa para mejorar la implementación de la ley.